- La ley no lo permite, pero algunos se resisten a dejarlo. Según declaró en un informe el Instituto Nacional del Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la venta de terminales bloqueados para que no puedan utilizarse con otras compañías es una práctica ilegal, por lo que las operadoras deben liberarlos de forma gratuita y sin hacer esperar a los usuarios a que finalicen sus contratos de permanencia.
En su momento, el informe venía a responder a una denuncia presentada por Facua en enero de 2012 contra Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo por, según sus propias palabras, “sabotear” los terminales que entregan a sus clientes para que sólo puedan utilizarlos con ellos y no con otras operadoras.
Las conclusiones presentadas por el organismo público dejaban muy clara su visión al respecto: además de considerar abusivo el bloqueo de los terminales, concluyó que mientras un cliente esté al corriente de los pagos tiene derecho a la liberación gratuita de su dispositivo, haya cumplido o no su permanencia en el caso de que la tenga.
Sin embargo, a día de hoy pocas cosas han cambiado. Las grandes compañías permiten liberar el teléfono, pero siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos como, por ejemplo, no tener permanencia. Y lo más grave, casi ninguna lo hace gratis.
Pocos cambios y muchas trabas para obtener el código
Si un usuario llama a Orange solicitando la liberalización de su teléfono móvil, no podrá hacerlo directamente en el número de atención al cliente. Para lograrlo, tendrá que llamar a un 902 (sólo disponible desde teléfonos de la propia compañía), cuyo coste de la llamada es de 0,48 cts/min (impuestos indirectos no incluidos).
Tanto Orange como Vodafone ponen trabas a los usuarios que quieren liberar sus terminales, además de hacerles pagar el coste del servicioEs necesario tener a mano el número de IMEI del terminal que se puede obtener pulsando la secuencia *#06#, y no es gratis. El coste de este servicio es de 9 euros si la línea es de contrato y 5 euros si lo es de prepago, siempre y cuando, asegura la operadora en su página web, haya finalizado el compromiso de permanencia.
No cambian mucho las cosas en Vodafone. Para obtener el código de liberación del teléfono móvil es necesario ser cliente de contrato o prepago, estar al corriente de pago y que la línea asociada al terminal no esté vinculada a ningún contrato de permanencia.
El coste del servicio, al igual que Orange, tampoco es gratis: cuesta 8 euros (impuestos no incluidos). Por contra, no es necesario llamar a ningún 902: en este caso te atienden directamente desde el teléfono de atención al cliente.
Movistar se desmarca con el precio… pero no con la permanencia
A diferencia de sus dos rivales, Movistar, la operadora que casualmente implantó en España el SIM-lock, ya no cobra por liberar el teléfono móvil. Llamando al número de atención al cliente y facilitando el número de teléfono, DNI e IMEI se puede obtener el código de desbloqueo gratuitamente. Sin embargo, la compañía no lo facilita si el cliente tiene permanencia, a pesar de lo declarado en el informe del Instituto Nacional del Consumo.
Según el documento: “En el caso de que el cliente, dentro del periodo de permanencia, estando al corriente del abono de la factura y manteniendo el contrato durante el periodo de permanencia acordada, quiera hacer uso del terminal con una tarjeta de otro operador, la compañía no puede negarse a liberar el terminal, limitando los derechos del consumidor si éste está cumpliendo con las obligaciones que contrajo en el momento de contratar”.
Los usuarios de iPhone que quieran obtener el código en Movistar también lo pueden hacer a través del número de atención al cliente, pero deberán esperar a que la operadora reciba la autorización de Apple. Si los de Cupertino aceptan la petición, el cliente tan sólo tiene que conectar el dispositivo a iTunes en su ordenador.
De momento, Facua ha elaborado un modelo de reclamación para que los usuarios presenten denuncias ante las autoridades de consumo de sus comunidades autónomas y puedan pedirles que insten a las compañías a liberar sus móviles y les impongan multas. Además, la asociación ha añadido que los clientes que hayan pagado por el desbloqueo de los terminales pueden exigir la devolución del dinero.
Estudian emprender acciones contra Vodafone, Orange y Yoigo
Este mismo lunes, el Instituto Nacional de Consumo (INC) ha anunciado que está estudiando emprender acciones contra Vodafone, Orange y Yoigo por no haber accedido a los requerimientos del organismo, que les pedía que eliminaran una cláusula abusiva en la modalidad de tarjetas prepago.
Esta cláusula permite a las operadoras quedarse con los saldos no utilizados por el cliente bien por obligar a unos consumos mínimos o a unas recargas periódicas que, de no producirse, conllevan la pérdida del saldo disponible en ese momentoEn concreto, esta cláusula a la que se refiere el organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad, permite a las operadoras quedarse con los saldos no utilizados por el cliente bien por obligar a unos consumos mínimos o a unas recargas periódicas que, de no producirse, conllevan la pérdida del saldo disponible en ese momento.
El INC señala, sin mencionar nombres, que se pidió a nueve operadoras de telefonía móvil que cambiaran dicha cláusula al entender que la misma era abusiva. De ellas, seis han accedido al requerimiento y la han suprimido, por lo que se han archivado sus expedientes, mientras que otras tres no han atendido a la petición, razón por la cual el INC está estudiando emprender distintas acciones con el fin de que también la eliminen.
En el momento de redactar esta noticia, Teknautas sólo pudo hablar con Orange, que al respecto explicó que “hemos presentado alegaciones al requerimiento porque consideramos que no existe ninguna razón objetiva para considerar como abusiva una práctica que sólo procura el uso razonable del espectro numérico, que es limitado. En Francia, una asociación de consumidores presentó una demanda por una cuestión similar ante los tribunales de justicia, que consideraron la práctica perfectamente válida y legal, no lesiva para los consumidores”.
